El presente de los teatros líricos oficiales es crítico, mientras los funcionarios evitan dar explicaciones ante las graves denuncias de los medios. El autor de la nota aprovecha este silencio para proponer un camino legal para comenzar a dar forma y sanear estas instituciones.

Cuando usted lea esta nota, probablemente ya sea vieja. Al cierre de esta edición de Cantabile, Tito Capobianco aún está en Miami con su esposa enferma, el administrador Leandro Iglesias firma el despacho del Teatro Colón, virtualmente acéfalo, y ningún funcionario del primer coliseo ni el Secretario de Cultura parecen dispuestos a realizar declaraciones, pese a la insistencia de este periodista. Varios directivos designados por Capobianco acaban de renunciar (Alcántara, Morales, Censabella), mientras otros tambalean (Uthoff).
A esta altura es innegable que las denuncias de algunos medios han sido relativamente fuertes frente a la tradicional prudencia que suelen dispensarle a la sala de la calle Libertad. Han salido a la luz desde sobresueldos y arbitrariedades (La Nación, La Prensa), hasta contrataciones tanto injustificables como aberrantes (Balletin Dance). Cuando suceden los hechos y todos callan, uno se pregunta ¿por qué nadie denuncia? Pero cuando la opinión pública denuncia y nada sucede, la pregunta es ¿qué se puede hacer para salvar a nuestra sociedad?
Decíamos al comienzo que esta nota seguramente hoy será vieja. Pero el lector mínimamente memorioso ya habrá hallado su consuelo: dentro de unos meses, o de un año, estas líneas volverán a tener la más plena vigencia: tal el dejà vu permanente al que nos tiene acostumbrados esa barca a un mismo tiempo a flote y a la deriva que es el Colón desde hace por lo menos una década.
Queda abierto, hoy por hoy, un silencio con calderón indefinido. Seguramente en algunos días nada cambiará, o bien se cambiará lo necesario para que nada cambie, en otro homenaje a Lampedusa. Parece que en este caso la proximidad de las elecciones no ha provocado siquiera la buena letra demagógica.
Ya que estamos, pues, en el silencio, qué mejor que el silencio para la reflexión. Una reflexión que pueda ayudar a pensar una institución y a no quedar enredados en anécdotas palaciegas, o a reiterar denuncias que otros medios –entre ellos, el mismo Boletín Oficial de la Ciudad– están formulando con suficiente elocuencia.

Racionalizar la crítica
Toda denuncia fundada es saludable en un sistema democrático, aun cuando sus destinatarios consigan eludir la rendición de cuentas. En el caso del Colón, sin embargo, las denuncias sólo parecen generar críticas de quienes simplemente no quieren al teatro porque no pueden valorarlo, y les da lo mismo que exista o no. “Hay que cerrarlo”. “El Estado no puede darse el lujo de mantener un teatro para unos pocos”. Estos lugares comunes representan críticas irracionales, esgrimidas por aquellos que suponen que en el Colón se hacen media docena de funciones de gala por año para unas pocas familias. Ni siquiera se molestan en mirar las carteleras de los diarios o comprobar que la ópera y la música clásica en Buenos Aires son más baratas que el fútbol o el rock.
Hace un tiempo desarrollé esta idea en una nota que tuvo buena resonancia (Apología del Colón, Cantabile No. 10, sept.-oct. 2001) y que puede leerse por Internet (www.revistacantabile.com.ar). Pero desearía precisar algún concepto allí vertido para justificar por qué creo que es irracional utilizar denuncias legítimas para sostener ideas ilegítimas como serían el cierre del Colón o la quita del apoyo que el Estado le otorga. Es frecuente en la Argentina (y lamentablemente, también en países más civilizados) que no se critique a las instituciones deficitarias improductivas y sí a las productivas. El motivo es político en el mal sentido del término. La Argentina, como la mayoría de los Estados, mantiene dependencias que parecen necesarias pero que en realidad son increíblemente costosas y no rinden ningún provecho a la comunidad. Sin embargo, hay lisa y llana resignación con la estructura megalómana del Congreso Nacional, e ignorancia respecto de otros organismos fallidos de nuestro sistema: Consejos de la Magistratura, Auditoría General de la Nación, un Poder Judicial con fueros prácticamente inútiles como el Penal Económico, para no hablar de los servicios de inteligencia o las innumerables reparticiones administrativas que se escudan en su propia oscuridad para sustraerse a toda objeción. Si el Colón se cerrara, la mayoría de los empleados –cuyos sueldos constituyen el grueso del presupuesto que se ataca– serían redistribuidos en otras áreas de la Ciudad. El gasto sería casi el mismo; sólo no habría Colón y los resentidos contra el teatro quedarían acallados, pero ningún hambre se saciará ni se equipará ningún hospital.
El ejemplo de Ferrocarriles Argentinos es acaso el más cercano a lo que podría implicar el cierre del Colón. Del sistema ferroviario estatal vivían directa e indirectamente medio millón de personas; el servicio era malo, pero para la mayoría de los pueblos resultaba vital; mantenerlo costaba un millón de pesos por día. Cuando se cerró, ese mismo dinero se siguió gastando pero sólo en subsidios para los trenes locales. Poco después del desmantelamiento, lo mismo pasó a gastarse para atender gastos reservados y operaciones gubernamentales, sin escándalo alguno.
Habría muchos más ejemplos para demostrar que denunciar las irregularidades del Colón no debe jamás equivaler a propiciar su cierre ni su reducción, porque esto sería fuertemente irracional frente a otros dispendios muchísimo mayores y menos justificados.
Ferrocarriles Argentinos también prueba otra cosa, que muchos melómanos fanáticos, encerrados en su “microclima”, parecen descreer: si hay voluntad política, el Colón puede cerrarse, como se cerró la empresa estatal más grande y sindicalizada del país, y se privatizaron todas las demás.

Una ley para el Colón
Quizás llegado a este punto, el lector, presa del desaliento, se plantee: “Entonces, nada puede hacerse por el Colón, porque todo el Estado argentino es así”. Y aun mucho peor: dispendioso e irracional, pero también improductivo, cosa que el Colón niega con su propia historia. ¿Qué hacer? La respuesta no es fácil, pero el análisis del funcionamiento errático del Colón en su historia reciente exige intentar algún camino. Y el camino no puede ser otro que encontrarle al Colón una forma. ¿Pero es que acaso no la tiene? Pues no.
La administración pública tiene múltiples maneras de organizarse. En primer lugar, están las formas típicas previstas en la ley, como la Sociedad del Estado, la Empresa del Estado, la Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, entre muchas otras. Los gremios y empleados del Colón ven como un equivalente a la privatización que el teatro se ubique en alguno de estos andariveles, pareciendo ignorar que son éstas las formas con que el gobierno antiprivatizador del mismísimo Kirchner ha reestatizado a algunas empresas (Correo Argentino, Metropolitano), sin mayores planteos gremiales.
Aun cuando el Gobierno local no quisiera apelar a algunas de estas formas legales societarias, ni tampoco a otras propias del derecho privado (el Teatro Real de Madrid es, por caso, una Fundación) podría igualmente convertir al Colón en un ente descentralizado, esto es, con autonomía funcional y autarquía financiera. Así son todos los entes de control o la Universidad de Buenos Aires, entre muchos otros ejemplos. Lo cierto es que tampoco el Colón es un ente descentralizado. El Colón es la Secretaría de Cultura, pero ésta a su vez es… ¡el mismo Gobierno de la Ciudad!
El Colón carece de una forma legal. El Colón no tiene ley. No hay un directorio, ni un organigrama fijado por ley que impida que cada nuevo director despliegue sin limitaciones sus dotes narcisistas, sus traumas y sus intereses, y haga con el Colón lo que diablos quiera (por ejemplo, no armar jamás un directorio, como pretende el unicato de Capobianco). El Colón, sin ley, es tierra de estos reyezuelos que son sostenidos por los mismos fanáticos que se cobijan a la sombra de ese “maestro” iluminado que finalmente se consume en su propia salsa criolla. El Colón debe tener una forma: societaria o no. Su directorio debe tener funciones asignadas y duraciones establecidas no por decretos fácilmente derogables o contratos precarios, sino al menos por una ley de la Legislatura de la Ciudad. Deben regularse las condiciones de ingreso de su personal, para evitar que se convierta en lo que son tantas dependencias estatales: el barril sin fondo donde se ubican los amigos ineptos para cualquier otro servicio. Deben establecerse condiciones de trabajo y de retiro mínimamente razonables: es increíble que en el mismo teatro convivan desde trabajadores de planta tomados a perpetuidad, con las consecuencias abusivas que esa seguridad genera, junto a contratados como aves de paso que tienen todo para perder. ¿Dónde queda el término medio? Debe de una vez por todas sancionarse un reglamento de trabajo que las partes involucradas acepten no burlar por medio de los famosos “usos y costumbres”. En resumen: el Colón debe tener una forma jurídica clara, a la que el Estado garantice un presupuesto funcional con obligación de rendir cuentas.
Los beneficios de una buena ley para el Colón serían enormes, no sólo porque limitaría los caprichos de cada gestión, sino porque permitiría además obtener y administrar recursos propios sin apelar a una Fundación que perciba en su nombre fondos que deberían ingresar al Estado como frutos de la propia sala.
Todo lo dicho, mutatis mutandi, también resulta válido para el Teatro Argentino de La Plata, cuya actual crisis se deriva en no menor medida de su incorrecto encuadre legal y su sujeción a las internas politizadas del gobierno bonaerense.

Del desconsuelo a la esperanza
Es probable –dirá el vapuleado lector– que si se intenta una ley, ésta se haga a la medida de este pobre Colón y no un nuevo Colón a la medida de ella. También habría ejemplos para sospechar de un nuevo fracaso argentino. El tristemente célebre Multimedios que agrupaba a Canal 7, Radio Nacional y Télam se constituyó por ley como Sociedad del Estado. Su inutilidad estaba sellada desde el comienzo, pero así y todo se sostuvo y empleó a muchos. ¿Puede ser posible que todavía exista y lo sigamos manteniendo sin una sola crítica?
Pero también debemos confiar en que el Colón no es el Multimedios pergeñado por la ambición política del olvidado Lopérfido; es, por el contrario, la única institución del Estado argentino que, en toda su historia, ha podido compararse con sus pares de los países más civilizados del mundo. En la Argentina nunca tuvimos un Congreso o una Corte Suprema comparable a las mejores del planeta, pero tenemos una universidad pública que es mucho más compleja que el Colón, y que funciona razonablemente mejor y de manera más estable. Desde la regularización sus profesores se renuevan cada siete años, y nadie se rasga las vestiduras por esto como pretenden los músicos de fila si alguna vez alguien osa convocarlos a un nuevo concurso para revalidar sus méritos.
Si hay algo bueno en alguna institución argentina, el Colón puede también tenerlo, y de hecho lo tiene. Y si el Colón alguna vez fue una excepción en nuestra organización como Estado, puede volver a serlo en el futuro. Hay que confiar e intentarlo.

(*) El autor es abogado, sobrevivió a cuatro gestiones directivas como Jefe de Prensa del Teatro Colón (1999-2002), es funcionario y profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, e integró el equipo del Instituto Argentino de Servicios Públicos que fundamentó jurídicamente la reestatización del Correo Argentino como Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria (2004).