Tienen estado parlamentario en la Legislatura de la Ciudad varios proyectos de patrocinio privado de la cultura, que podrían plasmarse en poco tiempo en una norma unificada que permita desgravar impuestos a aquellos que aporten dinero o recursos al determinadas áreas artísticas.

Desde hace varios años se viene bregando en nuestro país por contar con una legislación que permita a quien invierta en proyectos culturales desgravar parte de sus impuestos. Los ejemplos cercanos de Chile y Brasil demuestran que esta meta no es un imposible, pero la desconfianza que es parte de la idiosincrasia argentina siempre plantea resquemores. Quién administra el dinero y a qué proyectos será destinado forman parte del cúmulo de dudas de los futuros mecenas, quienes, con toda lógica, desean saber con certeza en qué se invertirá su aporte y cómo se rendirá cuentas de su resultado. No es un tema menor si, además de obtener un beneficio fiscal, el patrocinador podrá asociar su imagen a la del proyecto que eligió –si tal es el caso– e incrementar así el prestigio que se derivaría de su acción.
El manejo de los fondos y de la elección de los beneficiarios fueron dos puntos que frustraron en gran medida el proyecto de ley a nivel nacional que adjudicaba tales funciones al Fondo Nacional de las Artes.
En el ámbito de la Ciudad, sin embargo, la idea parece estar tomando forma nuevamente. El pasado 29 de marzo, la Fundación Proa fue el marco en el que legisladores del PRO como Rodríguez Larreta y Santilli, junto a las autoridades de Proa y ARTEBA, dieron a conocer los lineamientos de un proyecto de ley al respecto, frente a numerosas personalidades del quehacer cultural de Buenos Aires. Quien presentó la iniciativa, y la ha venido defendiendo mediante diversas reuniones con operadores de la cultura, fue el ex director ejecutivo y actual frecuentador del Teatro Colón, Pablo Batalla.
Cantabile consultó tanto a la Jefatura de Gobierno como a la Secretaría de Cultura de la Ciudad acerca de su posición respecto de esta normativa, pero las respectivas oficinas de prensa manifestaron que, no siendo proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo local, no habría declaraciones oficiales sobre el tema, salvo el apoyo ideológico a la idea del mecenazgo y la buena predisposición para promulgar y poner en práctica la ley que en el futuro sancionen los legisladores.

LOS PROYECTOS
La Comisión de Cultura de la Legislatura, consultada por Cantabile, informó que existen en realidad tres proyectos presentados. El expediente 96/06 da cuenta del proyecto Herrera Bravo, denominado de “Promoción privada de la cultura”, que contempla aportes en dinero y otros recursos destinados a fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan proyectos culturales en alguna de la siguientes áreas: teatro, danza, música, literatura, artes visuales, artes audiovisuales, artesanías y patrimonio cultural. Ambas partes son consideradas beneficiarias del régimen: el patrocinador, que debe estar al día con los dos impuestos de la Ciudad: ingresos brutos e inmobiliario, y el patrocinado, entidad que debe tener dos años de antigüedad en su área de trabajo. El patrocinante podrá deducir hasta el 50 % del monto donado de ingresos brutos o impuesto inmobiliario. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Cultura de la Ciudad, que anualmente otorgará diplomas a los tres patrocinantes que, por su aporte, merezcan erigirse en “Protectores de la Cultura de la Ciudad”.
El expediente 369/06 incluye el proyecto Polimeni, llamado “Fomento de la participación privada en la promoción de la cultura” y coincide en líneas generales con el 378/06, del legislador Laporta, apartándose del descripto anteriormente en varios puntos. En primer lugar, se agregan al listado de áreas de la cultura “Circo, murgas, mímica y afines”, y “Radiodifusión”. En segundo término, se amplía la órbita de los beneficiarios, que ya no son “asociaciones o fundaciones sin fines de lucro”, sino “proyectos” presentados por una o varias personas físicas o jurídicas. Sin embargo, pese a esta ventaja, presenta dos aristas polémicas. Primero, los beneficiarios pueden ser tanto del sector privado como del público (!), por lo que se incluyen “proyectos de la Secretaría de Cultura”. Segundo, quienes decidan en última instancia el destino de las donaciones que integrarán un Fondo de Promoción Cultural, serán los miembros de un Consejo de Promoción Cultural, integrado por el Secretario de Cultura de la Ciudad, dos representantes de esa misma área, uno de Hacienda, tres legisladores, dos personas de importante trayectoria en el mundo de la cultura y un empresario. El 70 % del los montos de los patrocinios serán tomados como pago a cuenta de los impuestos de la Ciudad. El actual Ministerio de Hacienda, según trascendió, dado el superávit de la Ciudad, no plantearía objeciones a este desgravamiento.
Si bien hay un régimen de sanciones para quienes no cumplan en tiempo y forma con los proyectos patrocinados, y se prevé la intervención obligada de la Auditoría de la Ciudad, este tipo de organismos y sus procedimientos de decisión son todavía objeto de debate, y hoy ya circula un borrador donde tanto los proyectos del sector público como este Consejo serían eliminados. En ambos casos, la posibilidad de que el patrocinante asocie su “imagen” con la del proyecto cultural que apoya, aparece como una posibilidad cierta. Pese a que los proyectos se originan en bancadas que no pertenecen al oficialismo –que de todos modos no cuenta con ninguna estructura partidaria detrás– todo indica que, de sancionarse un proyecto de ley de patrocinio cultural, contaría con el aval del Poder Ejecutivo local, actualmente en manos, como se sabe, de un hombre de reconocido interés por la cultura.